A partir del 1 de septiembre de este año 2024, debía ser obligatorio que todos los transportes estuviesen amparados en un documento de control en formato electrónico.
Con la loable ambición de reducir el desperdicio de toneladas de papel, el ahorro de personal administrativo para archivarlas y procesarlas y facilitar el control fiscal, las empresas de desarrollo de software se frotan las manos. Un negocio de millones de euros en la venta de cientos de miles de licencias para todas las empresas, autónomos y administraciones públicas.
Pero la realidad siempre va a remolque de los sueños. A 6 meses de la entrada en vigor de esta obligatoriedad, pocas grandes empresas, menos PYMEs y transportistas autónomos y ninguna administración pública tienen operativos los programas capaces de interaccionar entre sí que permitirán hacer desaparecer el papel. Ni el capital necesario para invertir en su compra e implementación.
Así las cosas, el Ministerio ha comunicado a las organizaciones miembros del Comité Nacional de Transporte por Carretera que la intención es retrasar la obligatoriedad del documento de control electrónico un año y medio, hasta principios de 2026.
